Me posesiono como presidente del Ecuador

Aparte de la enfermedad crónica causada por el déficit fiscal, el déficit de la balanza de pagos y el desangre de El Niño, había opiniones de que el Ecuador también venía sufriendo durante los últimos años de una aguda infección generalizada llamada crisis financiera. Aunque no era claro cuál era el virus específico ni cuáles órganos del sistema financiero podrían estar afectados, el médico a cargo de esta infección —la Superintendencia de Bancos y Seguros— negaba ese hecho y reportaba de manera periódica y consistente que los exámenes realizados al paciente no detectaban ninguna infección sisté­mica. Como si esto no fuera suficiente, en las últimas semanas antes de la elección presidencial, nuestro vecino Perú anunció que entraría a la fuerza en nuestra casa. De esta forma, así como estábamos —enfermos, debilitados y desangrados—, tendríamos que usar las pocas fuerzas que nos quedaban para defendernos de la agresión de un país con el que teníamos una antigua histo­ria de conflictos armados.

Vi entonces con claridad que la supervivencia del Ecuador dependía de que los ecuatorianos fuésemos capaces de coinci­dir en que nuestras dos prioridades estratégicas eran evitar la guerra con el Perú y reconstruir el entramado económico-social del país, convertirlas en dos objetivos estratégicos, dise­ñar planes operativos para conseguirlos y ejecutarlos casi a la perfección.
Para cumplir ese plan mi opinión era que debíamos llegar a acuerdos puntuales en cinco diálogos simultáneos y correlacionados. Por un lado, dos en el ámbito internacional: la negocia­ción con el Perú y los países garantes del Protocolo de Río, y la negociación con el FMI y con los mercados financieros globa­les. Por otro lado, tres diálogos nacionales: la conversación con el sector privado —básicamente sobre temas económicos—, enca­bezado por las cámaras de producción, quienes defendían sus intereses a través de los medios de comunicación; el diálogo social con sindicatos, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales, que marchaban en las calles para defen­der sus intereses de diversos tintes; y la negociación política con los dirigentes y diputados del Congreso Nacional, donde con­fluían las conversaciones de tipo internacional, económico, social y político de interés para el país.

Las dificultades para alcanzar acuerdos con una mayoría significativa de estos actores no eran menores. Ecuador era para aquel entonces el país más fraccionado de América Latina (que, a su vez, era el continente más fraccionado del mundo), pues tenía —y aún tiene— innumerables grupos sociales con diferentes lenguas, intereses, prioridades, formas de actuar, tiempos, ritmos y criterios de justicia. Esto había originado la proliferación de numerosos partidos políticos —unos pocos con importantes electorados regionales— que no recibían respaldo a nivel nacional, lo que dificultaba la creación de acuerdos.
Dado que ningún partido político había logrado ganar dos veces la Presidencia de la República en los veinte años previos, los partidos que aspiraban a la primera magistratura del Ecuador no tenían incentivos para formar alianzas políticas y desgastarse junto al Gobierno de turno; por el contrario, tenían incentivos para hacer oposición. En el país, hasta los partidos ideológica­mente afines, que en otros países se unen para gobernar, recha­zaban las alianzas políticas. Si finalmente estas se hacían, los acuerdos eran puntuales, perentorios y volátiles, pues dependían de los cambios de humor de los electores, de la personalidad de los dirigentes y de las culturas organizacionales de los partidos.

Además, el país venía marchando sobre el mismo terreno durante las últimas décadas, pues seguía discutiendo sin cesar los mismos temas sin lograr avanzar en el debate de las solucio­nes ni, peor aún, ponerlas en práctica. Los temas de discusión relevantes para el país a finales del siglo xx eran comunes a toda América Latina: el Consenso de Washington, el déficit presu­puestario, la reforma tributaria, la deuda externa, la relación con el FMI, la apertura de la economía, el sindicalismo público, la flexibilidad laboral, la reglamentación del derecho a la huelga de los servidores públicos, los niveles de pobreza, el crecimiento económico y la justicia social. No obstante, mientras otros países de la región habían debatido, confrontado y tomado decisiones para incrementar el bienestar de sus ciudadanos, fortalecer la estructura de sus economías y atraer la inversión extranjera, en el Ecuador vivíamos entrampados en el círculo vicioso del debate permanente. Con la multitud de intereses representados en el Congreso Nacional, no había muchas razones para espe­rar que esto cambiara en el corto plazo.

El GABINETE PRESIDENCIAL

Un gobernante tiene la obligación moral de rodearse de todas las personas de talento e integridad que sea capaz de conseguir. Me acuerdo de que por aquella época solía repe­tirme con frecuencia las siguientes palabras: “Cuando tú sien­tes que eres un nueve, te gusta estar rodeado de dieces, pero cuando te consideras un siete, te aseguras de que solo te rodeen seises”. Busqué y tuve la suerte de conseguir el apoyo de los dieces para integrar el gabinete del presidente de la República, pues logré conformar un equipo de ecuatorianos que combinaba las más altas cualidades de integridad, inteli­gencia, preparación y experiencia, y que aceptó servir al país. El equipo incluía a las siguientes personas:

La economista Ana Lucía Armijos, la ecuatoriana de más brillante trayectoria en el campo económico y que había servido al país como gerente general del Banco Central del Ecuador, presidenta de la Junta Monetaria y, durante varios años, funcionaria del Banco Mundial en Washington. Armijos fue, de hecho, la primera mujer en ocupar el Ministerio de Gobierno.

El embajador José Ayala accedió a continuar como canci­ller. Yo lo consideraba uno de los mejores —si no el mejor— diplomático en servicio activo: inteligente, patriota, ético y respetado, con excelente formación profesional, experto en los temas relacionados con el Perú y leal a su país. Con su nombramiento demostré que mis hechos confirmaban mis palabras: el Ecuador tenía una política de Estado en mate­ria territorial. “Este es un país con una sola política interna­cional. La política internacional del Ecuador no va a cambiar con cada cambio de Gobierno (…). Tenemos un objetivo nacional: alcanzar la “Paz con Dignidad” mediante la firma de un tratado de paz global y definitivo”, declaré a la prensa.

Para el Ministerio de Defensa le pedí al general de Ejército José Gallardo Román que asumiera la cartera. Como el escenario más probable era el de una nueva guerra, el nombramiento del ministro de Defensa debía enviar la clara señal de que, si bien el presidente se inclinaba hacia la paz, no descartaba el conflicto armado como el recurso de última instancia para defender la integridad territorial ecuatoriana.
“El general Gallardo era conocido por su integridad moral, su disciplina de hierro, su lealtad a los superiores y subordinados, y su disposición al sacrificio personal. Había culminado una de las carreras más admiradas en la historia de la institución armada como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Recientemente retirado, había hecho la transición hacia la vida política sirviendo como ministro de Defensa del presidente Durán Ballén durante la guerra de Tiwintza, donde fue acreditado como uno de los arquitectos de la victoria militar que el Ecuador obtuvo sobre el Perú. Se presentó luego a las elecciones para presi­dente del Ecuador en 1996 pero perdió, y acababa de ser elegido diputado del Congreso Nacional en las listas de mi partido, la Democracia Popular, para representar a su pro­vincia natal, El Oro, la heroica provincia invadida y ocupada por Perú en la guerra de 1941. El consejo de su voz serena y firme representaría con legitimidad, inteligencia y patrio­tismo el pensamiento de las Fuerzas Armadas en mi gabinete.

Consideraba que el país no podría estar mejor ser­vido que con la presencia en el gabinete de mi Gobierno del general victorioso en Tiwintza, y de quien había sido presidente del Consejo de Seguridad y primer alto comi­sionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No podía conseguir un mejor tándem para mane­jar la complicada coyuntura presente y obtener el análisis profesional, frío, completo, patriótico y honesto del general de la guerra y del diplomático de la paz. La pre­sencia de los dos perfiles significaba que, aunque mi Gobierno prefería negociar, también estaba abierto a la opción militar si las circunstancias lo forzaban.

El abogado Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, exdecano de la Facultad de Jurisprudencia y exrector de la Universidad Católica de Guayaquil, ocupó el Ministerio de Educación.

El economista Fidel Jaramillo, Ph. D. en Economía por la Universidad de Boston y exgerente general del Banco Central del Ecuador, se encargó del Ministerio de Finanzas.
​ El señor Patricio Ribadeneira ocupó el Ministerio de Energía, después de ejercer durante ocho años como gerente general de la Empresa de Agua Potable de Quito y garantizarle a la ciudad —que había sufrido años de racionamiento— la provisión de este servicio para el pre­sente y el futuro.

El doctor Édgar Rodas, exvicerrector de la Universidad de Cuenca, decano fundador de la Universidad del Azuay y pionero en la provisión de servicios de cirugía en quirófa­nos móviles a las comunidades rurales más alejadas del país, se encargó del Ministerio de Salud.

La más influyente líder conservacionista del Ecuador, Yolanda Kakabadse, la primera mujer presidenta de la Unión Mundial para la Conservación y quien actuó como funcionaria de contacto con las ONG ecuatorianas para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo —conocida como la Cumbre de la Tierra— en Río de Janeiro (1989-1992), ocupó el Ministerio del Medio Ambiente.

La señora Rocío Vázquez, experta en planificación de turismo para países en vías de desarrollo, quien creó la primera Bolsa Internacional de Turismo del Ecuador, con sede en Cuenca, y fue directora ejecutiva de la Fundación Ecuatoriana de Promoción Turística, ocupó el Ministerio de Turismo.

El licenciado Jaime Durán, máster en Sociología y el encuestador y estratega político más conocido del Ecuador —con quien venía trabajando hace ocho años—, ocupó la Secretaría General de la Administración.

El arquitecto Teodoro Peña, expresidente de la Junta Nacional de la Vivienda y quien me había acompañado como gerente de la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito, ocupó el Ministerio de la Vivienda.

El ingeniero comercial Álvaro Guerrero, con maestría en finanzas de la Escuela de Negocios de Wharton (Estados Unidos), presidente ejecutivo del Banco La Previsora (de capital abierto), expresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, exdirector de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) y presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Malecón 2000 aceptó presidir el Consejo Nacional de Modernización (Conam).

Para hacer llegar nuestros mensajes a los niveles más altos, tanto privados como públicos, en los Estados Unidos, selec­cioné a Ivonne Baki, maestra en Artes Plásticas por la Universidad de París y en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. De entre todas las personas ecuatorianas que yo conocía, ninguna tenía una habilidad natural más desarrollada para construir relaciones personales al más alto nivel y abrir las casi infranqueables puertas de la diplomacia y el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca que Ivonne Baki. Por eso le pedí que se desempeñara como nuestra embajadora en Washington. Fue la primera mujer en desempeñar esas funciones en la historia diplomática del Ecuador, y su eficiencia en el cumplimiento del papel que le pedí ejercer quedó demostrada de inmediato.

El doctor en Jurisprudencia Patricio Vivanco, expresi­dente del Tribunal Supremo Electoral, exlegislador y exdi­rector jurídico del Distrito Metropolitano de Quito, aceptó ser el embajador del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El doctor en Jurisprudencia Patricio Vivanco, expresi­dente del Tribunal Supremo Electoral, exlegislador y exdi­rector jurídico del Distrito Metropolitano de Quito, aceptó ser el embajador del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El doctor en Jurisprudencia Javier Muñoz, exalcalde de Cuenca, exprefecto y exlegislador de la provincia del Azuay, fue designado como superintendente de Compañías.

El señor Guillermo Lasso, gerente general del Banco de Guayaquil y exmiembro de la Junta Monetaria, aceptó la Gobernación de la provincia de Guayas.

El doctor en Jurisprudencia Alfredo Corral Borrero, exmi­nistro de Trabajo, fue designado contralor general del Estado, y el economista Alfredo Mancero, exministro de Bienestar Social, fue designado interventor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El gabinete se completó con los nombres del ingeniero Raúl Samaniego como ministro de Obras Públicas, del doctor en Jurisprudencia Ángel Polibio Chávez como ministro de Trabajo, del ingeniero Emilio Gallardo como ministro de Agricultura, del ingeniero Héctor Plaza como ministro de Industrias y Comercio, y del licenciado Guillermo Celi como ministro de Bienestar Social.

A este calificado gabinete —en el que no estaban todos los que ‘eran’, pero sin duda sí ‘eran’ todos los que estaban— logré sumar dos asesores económicos externos de prestigio mundial, ambos amigos míos: Jeffrey Sachs, a quien el diario The New York Times calificaba en aquel entonces como “probablemente” el economista de mayor influencia en el mundo; y Domingo Cavallo, exministro de Economía de Argentina, ideólogo y ejecutor del Plan de Convertibilidad que hizo bajar la hiperin­flación argentina del 1.300 % en 1989 a menos del 20 % en 1992 y a casi 0 % durante el resto de la década de los noventa. Para la época en que le pedí que asesorara a mi Gobierno, Cavallo recibía condecoraciones de organizaciones privadas y doctorados honoris causa de las universidades más prestigiosas en todo el mundo (…) El diario El Comercio, en su edición del 10 de agosto —día de mi pose­sión— se preguntaba acertadamente en el editorial, lo siguiente: “Jamil Mahuad se rodea de técnicos. ¿Cómo logrará la viabili­dad política?”.