El Gobierno apresa a Fernando Aspiazu

La paralización de actividades en el país que describían los medios sirvió de marco para que la confrontación entre el Gobierno y los grupos de presión de Guayaquil, Fernando Aspiazu como dueño del Banco del Progreso y las organizacio­nes gremiales de izquierda alcanzara su pico y profundizara los enormes desacuerdos sobre las reformas fiscales dictadas por el Gobierno.

Aspiazu aprovechó el descontento y desconcierto reinan­tes en el país y encabezó una nueva marcha en Guayaquil para protestar por las políticas fiscales y económicas del Gobierno que, en su concepto, “tenían sumidos a los ecuatorianos en la crisis”. Presentó un recurso de amparo constitucional en el Juzgado Tercero de lo Penal del Guayas contra el superinten­dente de Bancos y Seguros y el presidente del Banco Central del Ecuador para que dispusieran la reapertura del Banco del Progreso, pues afirmaba que ya se había “capitalizado y resti­tuido el patrimonio”. El juez lo llamó para que rindiera su tes­timonio el 12 de julio.

En su explicación sobre la capitalización y restitución del patrimonio, Aspiazu argumentó que no había puesto dinero en efectivo, sino que había ofrecido dos fideicomisos con sus acciones de Emelec y Electro Ecuador, dos compañías de su propiedad 2. La empresa auditora asignada al banco (Deloitte) y la Superintendencia coincidieron en afirmar que los dos fidei­comisos eran inejecutables y que lo que buscaba Aspiazu con ellos era proteger sus bienes y no capitalizar al banco. Aspiazu pidió entonces un nuevo crédito al Banco Central, pero este le fue nuevamente negado. El presidente del Directorio, Pablo Better, explicó las razones para la negativa: “El Progreso no se abrió porque la Junta Bancaria 3 no acogió el plan de capitaliza­ción que Fernando Aspiazu presentó, ya que los accionistas no aportaban nada. El BCE no puede otorgar un préstamo de 170 millones de dólares a una institución insolvente”. Por su parte, la AGD reiteró que los depositantes del Progreso tenían garan­tizados sus depósitos.

En represalia, por instrucciones de Aspiazu, Emelec demandó al Estado ecuatoriano en una corte federal de Washington por USD 900 millones. Mientras tanto, su canal de televisión (Sí TV) continuó sus ataques feroces contra el Gobierno en todos sus noticieros. El enfrentamiento del ban­quero y sus aliados contra mi administración iba adquiriendo proporciones épicas.

La inteligencia militar descubrió que Fernando Aspiazu estaba planeando abandonar el país, contrariando lo dicho en el show mediático en el que públicamente había entregado sus pasaportes. El Gobierno empezó a trabajar para evitar su fuga. El SRI encontró que el Banco del Progreso había recibido pagos del impuesto del 1 % que no había transferido al Ministerio de Finanzas antes de cerrar sus puertas, como mandaba la ley. Por ese motivo, el SRI presentó una denuncia contra él y un juez ordenó de inmediato su detención. Organizamos un operativo conjunto entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno para detenerlo en Guayaquil el 12 de julio, mientras rendía su testimonio sobre el recurso de amparo que había pre­sentado para solicitar la reapertura del banco.

Ese día, mientras Aspiazu declaraba en el juzgado, alguien le filtró la información de que iban a detenerlo. Decidió enton­ces prolongar su intervención por varias horas para dar tiempo a que llegaran los miles de personas que él y sus aliados habían convocado para crear un cerco humano alrededor de la Corte Superior de Justicia e impedir su apresamiento. Los canales de televisión que transmitían en vivo y en directo su declaración judicial empezaron a cubrir la llegada de los seguidores de Aspiazu, pero terminaron cubriendo el operativo dispuesto por los ministros Álvarez y Gallardo para ejecutar la orden del juez, que se cumplió, de paso, sin actos de violencia que lamentar. Como el delito tributario se había cometido en Quito, Aspiazu fue trasladado a esa ciudad y puesto en prisión en la Cárcel 4, un centro penitenciario ubicado al norte de la ciudad. De esta forma, el 12 de julio de 1999, el día en que se cumplía un año de mi elección como presidente del Ecuador, detuvimos a Aspiazu y se inició el levantamiento indígena. Al día siguiente, 13 de julio, la AGD puso en saneamiento al Banco del Progreso.

La protesta de los dirigentes gremiales de Guayaquil cerca­nos a Aspiazu fue inmediata. Joyce de Ginatta, el diputado socialcristiano Xavier Neira y el dirigente de la Cámara Nacional de Pesquería de Ecuador, César Rohón, reclamaban al Gobierno por el “atropello que había sufrido Guayaquil” porque se había detenido a Aspiazu en la Corte Superior de Justicia de la ciudad, y por la violación de sus derechos porque al ser conducido a Quito, decían, había sido distraído de sus jueces naturales. Por su parte, el alcalde de la ciudad, León Febres Cordero, dijo que “si Aspiazu viola la ley, debe ir a la cárcel, pero no pueden dis­traerlo de su juez natural”. El ministro Álvarez le respondió al alcalde diciendo que, de hecho, sus jueces naturales estaban en Quito porque allí se había cometido el delito tributario.

Aunque los defensores de Aspiazu protestaron por la inter­vención de las Fuerzas Armadas en el operativo, el ministro Gallardo informó que estas habían participado porque la deten­ción se había hecho mientras estaba vigente el estado de emer­gencia nacional decretado en el país unos pocos días antes. El abogado de Aspiazu presentó una acusación particular por la detención contra el ministro Álvarez, el ministro Gallardo y la directora del SRI, Elsa de Mena, que causó una ola de expre­siones regionalistas a lo largo y ancho del Ecuador. Los diarios de la Costa acusaron a los diarios serranos El Comercio y Hoy de mantener una actitud regionalista por haber aprobado la deten­ción de Aspiazu.