Un presidente derrocado no renuncia…

El Congreso fue convocado a una sesión de urgencia a media mañana del sábado 22, en Guayaquil, para ‘legalizar’ el golpe de Estado bajo el argumento de que yo había “abadonado mis funciones”, a pesar de que era público que me encontraba en el Ecuador y que la fuerza militar me impedía actuar. El único propósito de esta sesión urgente era ampararse en una mentira: sucesión constitucional por ‘abandono’ de mis funciones. Hasta la lógica más elemental impide sostener que un presidente que fue obligado por la fuerza a dejar el Palacio de Carondelet hubiese “abandonado” sus funciones. Yo me pregunto si el hecho de que un presidente no se encuentre en el palacio de Gobierno significa que perdió su investidura, aunque sea público y notorio que ha sido capturado por la fuerza y que no ha presentado su renuncia.

El debate sobre quién era el legítimo presidente constitucional del Ecuador se había iniciado y podría tardar largo tiempo en resolverse. Consideré que la terrible situación que vivía la gente en mi país no debía comprometerse aún más por las ambiciones políticas y la inocultable torpeza de algunos de sus dirigentes. Sabiendo que de manera completamente ilegal el vicepresidente había jurado al cargo, rodeado de militares en el Ministerio de Defensa, y que el Congreso se aprestaba a sacramentar esta barbaridad anticonstitucional, decidí intervenir en defensa de los mejores intereses del país, no de los míos. Entonces, el sábado 22 de enero hacia las 8:00 de la mañana me dirigí al país desde Ecuavisa en una alocución de pocos minutos. En ella dije que estaba en el Ecuador, que no había abandonado ni el país ni mis funciones, y que no había renunciado:

Un presidente derrocado está derrocado. Un presidente derrocado no renuncia: está derrocado. Un presidente derrocado no abandona el cargo: simple y llanamente porque está derrocado no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. Yo he estado al frente de mi responsabilidad hasta el último minuto” 2.

A continuación, pedí a los ecuatorianos que no nos enfrascáramos en más disputas y que le ofrecieran al vicepresidente Noboa el apoyo que yo no había podido tener en el ejercicio de mis funciones, pues al Ecuador le haría mucho daño empantanarse en un debate sobre las vergonzosas violaciones constitucionales que se estaban perpetrando a la vista de todos.

Mi pedido público de apoyo al presidente de facto tuvo un positivo efecto internacional, pues permitió que el nuevo Gobierno fuera reconocido por otros países una vez que el Congreso ‘legalizó’ su situación. Mi intervención evitó que se iniciara una larga y legítima disputa sobre el valor constitucional de los acontecimientos circenses que acababan de ocurrir. La mayoría de los reporteros y analistas que cubrían los eventos en el Ecuador expresaron en vivo su admiración por mi actitud desprendida y puesta al servicio de los intereses de la patria, a la que calificaron como digna de un hombre de Estado.

Así terminó mi presidencia, exactamente un año después de mi anuncio de que gracias a la paz con el Perú, el Ecuador no gastaría ni un centavo más en armas para guerras internacionales. Solo cinco días antes, el sábado 15 de enero ante el Congreso Nacional, había invitado a los ecuatorianos a soñar con un futuro distinto con el nuevo paradigma de la dolarización. Nunca se me ocurrió que el Informe sobre el Estado de la Nación que presenté solo un año y medio después de ser elegido democráticamente se convertiría en el testamento político del 41.er presidente constitucional de la República del Ecuador.

Posteriormente, el nuevo Gobierno declaró que mantendría la dolarización, para lo cual varios miembros de mi equipo —Jorge Guzmán, Miguel Dávila y Alonso Pérez, entre otros— continuaron aplicando desde diversas funciones públicas el plan que habíamos venido diseñando desde mediados del año pasado. Este equipo de funcionarios mantuvo la asesoría del grupo de expertos extranjeros. Gracias a su trabajo continuo, la dolarización se consolidó definitivamente en el Ecuador.

En una demostración de responsabilidad con el país y de respeto a sus más altos intereses, Juan Pablo Aguilar entregó el texto de la ‘Ley Trole’ a David Paredes, quien se hizo cargo temporalmente de la Asesoría Jurídica de la Presidencia. El proyecto, sin mayores modificaciones, se presentó al Congreso Nacional a mediados de febrero y se promulgó como ley de la República el 13 de marzo de 2000. Hasta hoy se conoce como ‘Ley Trole I’.