Anunciamos los resultados de las auditorías internacionales y saneamos al sistema financiero.

El nuevo superintendente de Bancos y Seguros, que era a la vez presidente del Directorio de la AGD, dio un apoyo incon­dicional al desarrollo de las auditorías y le correspondió hacer públicos los resultados finales. El anuncio, realizado el 31 de julio de 1999, fue dramático. El superintendente Guzmán empezó con las siguientes palabras: “Hoy cumplo con la pro­mesa del presidente y la mía propia de decirles la verdad sobre la real situación de los bancos de este país”, y luego agregó lo siguiente:

Los resultados de las auditorías son crudos y descarnados. Ecuador es el único país en América que ha tenido la valentía de practicar un sinceramiento de la situación de su sistema financiero tal como lo hemos hecho, pero estas auditorías especiales son también el comienzo de una nueva etapa. Hoy conocemos la verdad, hoy estamos en condiciones de inaugu­rar una etapa de seriedad en el pulcro manejo de los recursos públicos, hoy podemos saber con total objetividad cuál es la situación real de cada uno de los bancos.

Los resultados crudos y descarnados que anunció el super­intendente de Bancos y Seguros eran los siguientes:
a. Los bancos que concluyeron la evaluación con un patrimo­nio técnico adecuado a los requerimientos legales y norma­tivos son 19. En conjunto, estas instituciones representan el 34 % (USD 1.860,02 millones) del total de las obligacio­nes cubiertas por la AGD (USD 5.509,9 millones).
b. Los bancos que operan con patrimonio positivo, aunque inferior al 9 %, son cuatro. En conjunto, representan el 29 % de las obligaciones a cargo de la AGD (USD 1.598,9 millones sobre USD 5.509,91 millones).
c. Los bancos privados con patrimonio neto negativo son seis. En conjunto, representan más del 29 % de las obligaciones cubiertas por la AGD (USD 1.596,2 millones sobre USD 5.509,9 millones).
d. Los dos bancos que directa o indirectamente ya se encuen­tran en manos del gobierno vía el BCE (Continental) y la AGD (Filanbanco) representan el 8 % del total de las obli­gaciones a cargo de la AGD (USD 454,57 millones).
Es claro que al concebirse la herramienta legal para el manejo de la crisis financiera —creación de la AGD, garantía ilimitada de depósitos, restructuración y saneamiento— las autoridades económicas no conocíamos a ciencia cierta la fragilidad de las IFI, pues la Superintendencia no tenía la información concreta y verificada, o simplemente la ocultaba.

La verdad es que solo luego de terminadas las auditorías internacionales se conoció con certeza el monto de la garan­tía de depósitos que el Estado debía honrar de manera inme­diata: USD 1.596,2 millones, que correspondían a los seis bancos con patrimonio técnico negativo —Banco del Progreso, Banco de Préstamos, Bancomex, Banco de Crédito, Banco Unión y Solbanco— cuya deficiencia patrimonial llegaba a USD 1.692,73 millones. Quedaba abierta la interrogante sobre el futuro de los cuatro bancos que tenían patrimonio técnico positivo pero menor al legal—Banco Popular, Banco del Pacífico, Banco La Previsora y Banco Cofiec— con una insuficiencia patrimonial de USD 147,77 millones. Estos representaban el 29 % del total de los depósitos garantizados, correspondiente a USD 1.598,9 millones.

La situación de incertidumbre de estos cuatro bancos que tenían patrimonio técnico positivo, pero menor al legal, podría haber sido superada si el Congreso Nacional hubiese aprobado el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema Financiero que introducía reformas a la LGISF y a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera. Lastimosamente, el 30 de julio de 1999 —la víspera del anuncio de los resultados de las auditorías— el pleno del Congreso modificó por completo el contenido del proyecto, llegando al extremo de hasta derogar el interés de mora, lo que ocasionó que el presidente Mahuad vetara totalmente dicha ley el 2 de agosto de 19999.

Luego de anunciados los resultados de las audito­rías, el Directorio de la AGD, en acuerdo con el gerente gene­ral de la institución —el ingeniero Bruno Leone—, decidió contratar las auditorías penales de las IFI que resultaron con patrimonio técnico menor al legal, con la orden de presentar y fundamentar las denuncias en contra de los administradores bancarios y los accionistas causantes de la debacle, de acuerdo con los resultados de los informes. Y así sucedió. Fueron estas denuncias las que provocaron los juicios penales en contra de los banqueros que terminaron condenados, como fue el caso de Fernando Aspiazu, Nicolás Landes y Alejandro Peñafiel, entre otros.

En estas circunstancias, una vez identificada la gravedad de la situación a principios de 1999, lo primero que había que hacer en el Gobierno era saber exactamente cuál era la situa­ción real del sistema financiero ecuatoriano, porque la infor­mación proporcionada por la mayoría de los bancos y por las autoridades no era confiable. Por esta razón, el presidente Mahuad, fundamentado en lo dispuesto en la ley de la AGD, ordenó la inmediata contratación de unas auditorías interna­cionales, y correspondió a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) —organismo creado por el Congreso a finales de 1998 para garantizar la devolución de la totalidad de los depósitos de los clientes del sistema financiero, cuyo Directorio presidí desde finales de junio de 1999—, así como a la Superintendencia a mi cargo, recibir esas auditorías internacionales. Los térmi­nos de referencia de estas auditorías fueron aprobados por los organismos internacionales de crédito con el fin de inspeccio­nar de una manera profesional, objetiva, transparente e impar­cial cada uno de los bancos y determinar sus verdaderos niveles de solvencia y liquidez.

El 31 de julio de 1999 comunicamos al país en cadena nacional de televisión los resultados de las auditorías. Ese día los ecuatorianos supieron, sin reservas, cuál era el nivel real de solvencia y liquidez de cada uno de los bancos del sistema financiero, cuáles eran viables (es decir, cuales tenían patrimo­nio técnico e indicadores financieros que les permitían seguir operando) y cuáles, por el contrario, no lo eran2.

En relación con los informes de las auditorías internacio­nales, la Superintendencia de Bancos y Seguros y la AGD tenían dos deberes esenciales que cumplir: proteger a los depositan­tes y procurar el menor costo fiscal para el Estado. Esto signifi­caba reestructurar y sanear las instituciones como un esfuerzo previo para evitar su liquidación, remover a los administrado­res que habían manejado irregularmente sus bancos, castigar el patrimonio de los accionistas, informar a la Fiscalía General del Estado para que iniciara las acciones penales correspon­dientes y buscar mecanismos de mercado (como las fusiones o la venta de las entidades financieras) para proteger a las insti­tuciones, sus depositantes y el costo fiscal. El resultado fue que, inevitablemente, más del 60 % del sistema financiero nacional pasó a manos del Estado.

Auditoras transparentan la situación de los bancos

En medio de un escenario tan negro pudimos cerrar el mes de julio con dos noticias positivas, presentadas por el superinten­dente de Bancos y Seguros, Jorge Guzmán, en cadena nacio­nal de radio y televisión. Ambas noticias se derivaban de las auditorías bancarias internacionales.

La primera noticia fue que el Gobierno conocía, por pri­mera vez en varias décadas, la realidad de todas las institucio­nes financieras del país, lo que permitiría realizar una limpieza efectiva del sistema bancario ecuatoriano. La segunda fue que la situación del sistema bancario ecuatoriano era mucho mejor de lo que se esperaba si se tenía en cuenta el número de bancos afectados: 19 bancos (34 % de las obligaciones cubiertas por la Agencia de Garantía de Depósitos) tenían un patrimonio téc­nico 9 adecuado; 4 bancos tenían patrimonio técnico positivo pero insuficiente; y 6 bancos (29 % de las obligaciones cubier­tas por la AGD) tenían un patrimonio técnico negativo. Sin embargo, si se tenía en cuenta el tamaño del sistema financiero ecuatoriano, la noticia era mala porque, según las mismas audi­torías, el 70 % del total de sus activos estaba contaminado. A la cabeza de este grupo se encontraba el Banco del Progreso.

Las auditorías demostraron que la situación de los bancos ecuatorianos con problemas se debía a la combinación, en dife­rentes proporciones, de uno o más de tres males: mala fe, en forma de banqueros corruptos que habían violado la ley y la ética bancaria para favorecer sus intereses; mala gerencia, una consecuencia de las deficiencias profesionales en la evaluación de los riesgos crediticios, falta de verificación de garantías y poco control de las auditorías; y mala suerte, debido los destro­zos de El Niño, el cierre de los mercados internacionales de cré­dito y el colapso del precio del petróleo.

Los resultados de las auditorías destruyeron la teoría de que congelamos los depósitos para favorecer el sistema banca­rio nacional, porque demostraron que la mayoría de los bancos registraban situaciones mejores que las que los rumores infun­dados o abiertamente malintencionados habían difundido. Quedaba demostrado que el sistema financiero nacional en sí no habría requerido del congelamiento de depósitos bancarios, pues habíamos decretado la medida para salir de la hiperinfla­ción en la que empezamos a entrar en febrero, no por la situa­ción financiera de los bancos.

Lamentablemente la aplicación del principio de Goebbels —según el cual una mentira repetida suficientes veces se con­vierte en verdad— funcionó también en este caso. La mentira, repetida tantas veces —que se congeló para favorecer a los banqueros— se convirtió en un mito que se instaló en la mente de muchos ecuatorianos. Como afirmó el presidente John F. Kennedy: “Es posible corregir los errores, pero ¿cómo se desarma un mito?”.
Hoy puedo reafirmar con tranquilidad que la historia ha demostrado que gracias al congelamiento de depósitos banca­rios y a las auditorías que revelaron el verdadero estado del sis­tema bancario ecuatoriano logramos tres cosas: primero, salir de la hiperinflación que estaba viviendo el país y que amena­zaba con ahogar a los ecuatorianos, y sobre todo a los más des­protegidos, en un remolino que los habría sumergido en la pobreza por varias décadas; segundo, enjuiciar y enviar a pri­sión a los banqueros corruptos que, como Fernando Aspiazu, se aprovecharon de los depositantes ecuatorianos; y tercero, transparentar y sanear la situación del sistema financiero, requi­sito para construir el esquema dolarizador que con tanto éxito aplicamos seis meses más tarde.