Base de Manta contra el narcotráfico

El convenio entre los dos países se concretó con el inter­cambio de notas diplomáticas que contenían la propuesta de la Embajada de Estados Unidos en Quito y la aceptación del Ecuador por intermedio de su canciller, José Ayala, realizada el 1 de abril de 1999. Al cabo de una larga negociación que duró desde mayo a noviembre de 1999, y que contó con la presencia de delegados del Ministerio de Defensa y de la Cancillería, la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional dictaminó que, de acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, el convenio con el Gobierno de los Estados Unidos requería de la aprobación de esa Comisión y no la del Congreso en pleno. La Comisión lo aprobó y el can­ciller Benjamín Ortiz firmó la ratificación del convenio de coo­peración el 12 de noviembre de 1999.

Aunque la oposición quiso verlo así, el convenio de la Base Aérea de Manta no fue una alianza política o militar, sino un convenio de cooperación con los Estados Unidos para el control del narcotráfico; en su texto no hay nada que afecte la soberanía del Ecuador. Tiempo después se dijo que en su apli­cación se cometieron supuestos abusos y excesos. En caso de ser ciertos, estos ocurrieron luego del golpe de Estado contra mi Gobierno en enero de 2000 y, por ende, debieron ser con­trolados y sancionados por los que gobernaban al país en ese momento.

Al final, decidí asumir el reto. Confiaba en Mahuad y reco­nocía que el equipo ministerial estaba integrado por gente de primera categoría. De esta forma me subí a la embarcación el 24 de mayo de 1999. Mi familia no estuvo feliz con la decisión y exigió que en nuestra casa no hubiese ninguna señal externa de que yo formaba parte del Gobierno, es decir, nada de garitas con vigilantes ni policías. Quizás esta era una forma de expresar su desacuerdo con el honor que la vida dispensaba al pater fami­lias, pero una cosa era analizar el país desde la torre de marfil de la dirección de un diario y otra era poner pie a tierra en un país acosado por dificultades.

En esencia, la política exterior ecuatoriana tenía por aquel entonces cuatro referentes geográficos básicos: los dos países vecinos —Colombia y Perú— y las dos potencias —Estados Unidos y la Unión Europea—, que eran, además, los principa­les socios comerciales y compradores de nuestros productos básicos de exportación.

La agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores incluía las siguientes tareas: convertir la paz con el Perú en desarrollo nacional, mantener al Ecuador lejos del conflicto armado de Colombia, evitar que el poder corruptor del narcotráfico se expandiese entre la gente e instituciones del país, y negociar acuerdos comerciales que abrieran camino a las exportaciones ecuatorianas—seriamente afectadas por el fenómeno de El Niño, la “mancha blanca” en las camaroneras, la caída del precio del petróleo y el cierre del mercado ruso7.

En el campo político y de seguridad me correspondió seguir con la negociación del acuerdo suscrito por mi predecesor, José Ayala Lasso, con el Gobierno de los Estados Unidos el primero de abril de 1999 para que el país del norte pudiera utilizar la Base Aérea de Manta para vuelos de detección antidrogas con el objeto de impedir que el narcotráfico penetrara en el Ecuador.

El convenio con el Gobierno estadounidense se ratificó el 25 de noviembre por un plazo de diez años, y la negociación estuvo a cargo de equipos profesionales de la Cancillería y del Ministerio de Defensa. Su contenido no implicaba cesión alguna de soberanía nacional ni era una operación militar. Era una operación de tipo policial, es decir un acuerdo de vigilan­cia frente a los riesgos del narcotráfico, que incluía los mejo­res recursos tecnológicos; a diferencia de lo militar que habría implicado participación armada en un conflicto bélico. La vigi­lancia se realizaría desde la Base Aérea de Manta —a cargo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)— y su propósito era iden­tificar las naves que pudieran eventualmente estar transpor­tando drogas ilícitas. El acuerdo entre los dos países dejó claro que la interceptación en territorio nacional era potestad exclu­siva de la FAE.

Como era de esperarse, hubo oposición de la izquierda radical y de sectores que, incluso, podrían estar impulsados por el mismo narcotráfico. El convenio fue aceptado por la mayoría de los sectores sociales, pero no se renovó en el 2009, cuando el presidente Rafael Correa terminó con ese control, en un alarde de nacionalismo mal entendido que no le ha ser­vido al país. La falta de continuidad del acuerdo de coopera­ción dejó al Ecuador aún más expuesto a los males que trae el tráfico de drogas.